jueves, enero 01, 2015

Debemos sentar a Draghi, Trichet y el resto de secuaces a que respondan de una vez ante los tribunales.


Leía hoy un muy recomendable artículo del blog jorgedioni bajo el título Maidán en Atenas, en el que se nos recuerda como la situación económica que arrasa a las economías del sur de Europa no es más que el producto consciente de decisiones concretas realizadas por personas concretas en momentos concretos y en busca de unos objetivos concretos.

El artículo, como decía muy recomendable, resulta a la vez frustrante, preocupante y esclarecedor, en su recuento de cómo se han desarrollado los acontecimientos desde el inicio de la crisis, y cuanto de culpa tienen nuestros políticos inútiles, corruptos y débiles que han contribuido como cómplices en el sufrimiento gratuito al que las medidas económicas que se han impuesto han llevado a millones de personas. Después de leerlo me volvió a la cabeza una idea que llevo rumiando desde hace meses, y es que creo que existen motivos suficientes para perseguir judicialmente a la gente que ha tomado esas decisiones que nos han costado, junto a gran cantidad de sufrimiento, muchos miles de millones de euros a la población española y de otros países del sur de Europa.

Todo empezó en mayo de 2010, cuando se reunió el Eurogrupo para poner en marcha el diseño de lo que debían ser las políticas económicas en la Unión Europea. El pacto de estabilidad nace para atar a todos los estados de la zona euro en políticas económicas neoliberales y es aceptado por una socialdemocrácia que firma su suicidio político.

Desde entonces, el Banco Central Europeo se encargó de dosificar las medidas de política monetaria con el objeto de doblegar a gobiernos y ciudadanos díscolos que se atrevieran a cuestionar las lineas económicas fijadas por una oligarquía. Se permitió que durante años los tipos de interés con los que se financiaban los estados del sur de Europa fueran innecesariamente altos, permitiendo a los especuladores que se lucraran a su gusto mientras mantenían el grifo de la financiación cerrado e infligían un daño económico brutal sobre las economías de los países afectados. Dosificando acciones que se tomaban dentro del secreto habitual con el que se mueve la institución, chantajearon a gobiernos para que tomaran medidas no solo contrarias a sus compromisos con sus electores, sino también a sus intereses nacionales.

Uno de los puntos álgidos llega en agosto de 2011, con la famosa carta secreta de Trichet a Zapatero en la que se le informa de las 8 condiciones que el gobierno español debe aceptar si quiere que el BCE actue en los mercados comprando deuda española para parar a unos especuladores que están haciendo su agosto (nunca mejor dicho) a costa de la calculada inacción de la institución. La presión se mantendrá un año más, hasta que tras presentar Rajoy en julio de 2012 la puesta en marcha de un durísimo plan de ajuste, Mario Draghi anuncia el 2 de agosto que “El BCE hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente”. Y suficiente fué, pues era un mensaje a sus cómplices de los mercados financieros indicando que la fiesta se había acabado, mensaje que se entendió inmediatamente. La facilidad con la que los mercados se aplacaron demuestra la magnitud del dolo con el que el BCE había actuado hasta esa fecha.

Desde entonces, sin que las cifras macroeconómicas dieran ningún motivo para ello, las primas de riesgo empezaron a bajar y la crisis de deuda se disolvió como un azucarillo. En España, con una bajada de tan solo 2% en la cifra de déficit público, y con un endeudamiento que se ha disparado de estar por debajo del 80%, a alcanzar el 100% del PIB, los tipos a largo plazo que tiene que pagar el gobierno español para financiarse han pasado de rondar el 6%, a acariciar el 1%. El proceso ha sido el mismo para todos los países del sur de Europa que sufrieron durante 2 años de los ataques especulativos contra su deuda.

La crisis de la deuda pública de los países del sur de Europa ha durado exactamente el tiempo que han querido unos oligarcas financieros, que se han servido de instituciones que estaban al servicio de todos y que deberían de garantizarnos el bienestar, para imponernos políticas contrarias al interés y voluntad general, y generando inmensos beneficios a los magnates financieros mundiales. Esos comportamientos, realizados en secreto y en busca de intereses particulares, pueden y deben de calificarse como de extorsión, y deben ser investigados judicialmente. Hablamos del expolio de las cuentas públicas por decenas o incluse de cientos de miles de millones de euros, y de la imposición de políticas que garantizan el trasvase de rentas de los ciudadanos a los oligarcas durante los años venideros.

Debemos por tanto exigir que se abra una investigación en toda regla que aclare:

  • Cuales fueron las acciones que se tomaron durante los años de la crisis de deuda en las altas instituciones políticas y financieras durante estos años, y cuales eran sus objetivos.
  • Si se causó un deliberado daño económico con el objeto de imponer medidas económicas a las poblaciones de los países afectados.
  • Si se mantuvo una calculada inacción por parte del BCE aún sabiendo el coste que la misma suponía para los ciudadanos de estos países.
  • Quienes fueron los beneficiados de este expolio financiero, cual es el cálculo de su cuantía.
  • Cual ha sido el grado de colusión entre los políticos a cargo de las instituciones políticas y financieras, y aquellos que se enriquecieron con las mismas.

Los acontecimientos que se sucedieron entre 2010 y 2012 deben calificarse como golpe de estado económico a la población europea, así como de inmensa estafa, por lo que ha supuesto en la transferencia de inmensas cantidades de riqueza de la población hacia unas élites financieras francamente insaciables. Los responsables de estos acontecimientos deber responder por lo que pueden ser presuntos delitos de una inmensa gravedad, y lo deben hacer ante los tribunales, Deben pagar con penas de cárcel que sirvan para resarcirnos a todos por el daño causado y que evite que en el futuro sepan a que atenerse los que se sientan tentados de usar las instituciones de todos en beneficio de agendas y lucros particulares.

Todos somos conscientes que los mismos presuntos delincuentes que perpetraron el golpe económico del 2010 preparan ya sus planes para doblegar a las poblaciones de Grecia o España con los mismos mecanismos de extorsión en caso de que decidan rebelarse contra sus dictados. La impunidad con la que han actuado hasta ahora debe acabarse si queremos recuperar nuestra libertad como ciudadanos.

Me siento impotente por no tener un altavoz más fuerte para realizar esta petición, por lo que esta vez os pido a los pocos que pasáis por este blog que la difundáis, a ver si consiguiéramos entre todos que una iniciativa como la que aquí pido se ponga en marcha.